Todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico deben ser interpretadas y toda interpretación se relaciona con el criterio de quienes lo hacen, es decir, los jueces. Cuando este criterio es uniforme, significa que determinada interpretación es “jurisprudencia”. Los cambios sociales, políticos y culturales traen aparejado la modificación de las interpretaciones jurídicas ajustándose al nuevo orden. Desde siempre, las coberturas de las pólizas estaban condicionadas a la legalidad y legitimidad. Por ejemplo, que todo conductor de un vehículo debía contar con su licencia vigente, caso contrario la aseguradora declinaba la responsabilidad.

Ello debe ser así, toda vez que por imposición de la Ley 24.449“es requisito para circular que el conductor tenga licencia y además, actualizada”. Hacerlo con la licencia vencida da lugar a una infracción administrativa y hasta medidas cautelares por parte de la autoridad competente como es su secuestro.

Por otra parte, las pólizas de seguros prevén expresamente la exclusión de la cobertura cuando el vehículo es conducido por personas que no están habilitadas para el manejo de la categoría del vehículo, es decir que, sin registro al día, no se está habilitado para conducir y, por consecuencia, no existe cobertura.

No obstante, la claridad de la ley y de las condiciones de póliza, la interpretación judicial hace que en determinados casos pueda existir responsabilidad de la aseguradora con obligación de otorgar garantía. Conducir con registro vencido, sin duda, es una infracción administrativa con la sanción de una multa y el secuestro de la credencial. Pero en caso de producirse un siniestro puede que esta inhabilidad no tenga significación ni tenga incidencia alguna en la responsabilidad por el siniestro. Con el registro vencido bien puede suponerse la habilidad para la conducción si por la mecánica del accidente se puede acreditar que el registro vigente o vencido es indistinto. Cabe la exoneración de responsabilidad de la aseguradora por el registro vencido del conductor cuando, además de ello, las circunstancias del siniestro acrediten la inidoneidad, impericia y culpa del mismo. Una infracción administrativa hace a una sanción municipal, pero por si solo no justifica la liberación de la aseguradora cuando dicha circunstancia no tiene incidencia en el hecho que lo provoca.

El registro aun vencido hace presumir la idoneidad del manejo, por lo que en principio la aseguradora debe tender a amparar el patrimonio de su asegurado como a los daños de la víctima, más aún cuando por un principio del derecho de seguros ante la duda, se debe estar a favor de la obligación de la aseguradora para responder, ya que la póliza es un contrato de adhesión donde las cláusulas pre-impresas le son impuestas al asegurado y ante la duda deben interpretarse a su favor.

Toda esta interpretación está dada por lo dispuesto por el art. 68 de la Ley 24.449 que impone la obligatoriedad del seguro a los automotores y de lo que es obligatorio, una de las partes no puede excluirlo. El conducir con registro es una obligación importante, pero no siempre su falta define la responsabilidad en un siniestro.


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