Todos los asegurables (personas que podrán ser sujetos de un contrato de seguro), así como los asegurados (los que ya contrataron el seguro), deben tener en claro las cláusulas del contrato que celebran y que debieran estar bajo el asesoramiento del productor asesor de seguros. No obstante, se observa que no siempre se tiene en claro qué es la exclusión de la cobertura, la caducidad y la suspensión de la misma. Todas ellas implican la pérdida de un derecho, el de la cobertura, que es lo que la póliza realmente cubre como riesgos, pero ellos son tres conceptos distintos en situaciones también distintas.  

La exclusión de la cobertura es el caso de “no seguro”, o sea que hay riesgos u objetos que no se encuentran asegurados, aun cuando el asegurado así lo suponga. La exclusión de la cobertura es el límite de riesgo que el asegurador a través de la póliza asume. Más allá de ese límite los riesgos están “excluidos” y no hay seguro. En la exclusión de la cobertura hay riesgos u objetos que el asegurador no asume responsabilidad por no haber sido contratados y puede subsanarse su inclusión en la póliza a través de un endoso de la misma.

Contrariamente, la caducidad es una sanción por la cual el asegurador no responde en caso de siniestro en razón de una conducta prohibida del asegurado. Esta inconducta opera como una condición, ya que cumplida la misma, la póliza no cubre el hecho objeto de siniestro.

Hay dos tipos de caducidades, la legal, que surge de la ley como el dolo o la culpa grave (art. 114 de la Ley N° 17.418) y la convencional, que se incluye como cláusulas en las pólizas (por ejemplo, cruzar las vías del tren con la barrera baja, correr carreras de automóviles en calles o avenidas, etc.). En los casos de caducidad por incumplimiento de una conducta debida, el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado por provocar el siniestro, ya sea con intención o culpa grave.

En la caducidad, el siniestro no está cubierto, pero la póliza sigue vigente hasta el término de su vigencia. La suspensión de la cobertura se da cuando el asegurado incumple una determinada carga como, por ejemplo, el pago del premio. La falta de pago del premio hace que la cobertura quede suspendida y los siniestros ocurridos durante ese lapso no son responsabilidad de la aseguradora. Cuando el asegurado abona el premio, automáticamente la cobertura reanuda su vigencia, pero sigue la suspensión de la cobertura por el lapso en que la póliza no fue abonada.  

La póliza se rehabilita, pero no queda saneado el lapso sin haber sido abonada. Es decir que el asegurado, al momento de la contratación del seguro, debe saber qué tiene cubierto y qué no para que no tenga riesgos o cosas excluidas de la cobertura. Debe cumplir con determinadas conductas, básicamente de responsabilidad, para evitar la pérdida de sus derechos. Y, además, debe cumplir con las cargas impuestas para que no opere la suspensión de la cobertura. La ley no protege el uso abusivo de los derechos, y mucho menos, de los que otorga la póliza de seguros.


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